El PP de Miguelturra ha presentado una denuncia ante un presunto delito de falsedad de documento y abuso de poder por parte del equipo de Gobierno, con Román Rivero a la cabeza, al emitir el certificado de recepción de las obras de la estación depuradora de Peralvillo sin que estuvieran terminadas. En dicha denuncia, cuyo expediente fue incoado ayer mismo por el juzgado número 3 de Ciudad Real, se afirma que el propio alcalde y el arquitecto técnico municipal certificaron que las obras han sido recepcionadas al 100% cuando:1).- La obra sólo tenía una excavación
2).- Dos días después de la primera certificación de obra
3).- Cuando la obra se había paralizado por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y no estaba autorizada ni contaba con permiso de vertido de aguas.
4).-Y la propia CHG había puesto dos multas, por un importe total de 14.020 euros, al Ayuntamiento de Miguelturra por construir SIN PERMISO en una zona de dominio público
Los hechos denunciados se remontan a 2009. El Ayuntamiento de Miguelturra, con fecha 12-12-09, firma el acta de recepción de las obras que se estaban ejecutando en el vaso del Vicario para instalar una depuradora de aguas residuales. Se trataba de un proyecto financiado con fondos del Plan E y con un presupuesto de unos 84.000 euros cuyas obras habían comenzado tan sólo un mes antes sin ningún tipo de autorización. Las obras se pagaron a la empresa adjudicataria el 27 de diciembre (primera certificación) y en marzo de 2010 (segunda certificación) pero la realidad era que los trabajos no habían concluido y que todo estaba anegado por la lluvia.
En noviembre de 2009, unos vecinos denuncian ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana que el Ayuntamiento está construyendo una depuradora en el vaso del Vicario. Un mes después, la CHG adopta medidas cautelares y paraliza las obras por invadir el dominio público hidráulico sin autorización. Se le impone al Ayuntamiento de Miguelturra una multa de 8.010,13 euros y se le obliga a restituir la zona afectada por las obras a su situación original en el plazo de un mes.
Agosto de 2010: Un particular y el servicio de Vigilancia de Dominio Público Hidráulico presentan una segunda denuncia por el mismo caso. La Confederación Hidrográfica adopta una medida cautelar y paraliza las obras advirtiendo al Ayuntamiento que su incumplimiento implicaría la adopción de las medidas legales correspondientes. Se le pone una segunda multa de 6.010 euros y se le obliga a restituir la situación primitiva en un plazo de 10 días.
El 15 de diciembre de 2010, un año después de que el alcalde hubiera certificado la finalización de las obras, la CHG le deniega la autorización para el vertido de aguas residuales depuradas procedente de Peralvillo.
Román Rivero va de denuncia en denuncia pagando con dinero público los recursos de éste y de los otros tantos procesos judiciales que tiene pendientes mermando con ello las arcas municipales y obligñandonos a todos a pagar las consecuencias de su autoritaria forma de gobernar. Es lamentable que, después de 30 años de Gobierno, Rivero tenga que marcharse del Ayuntamiento con la cabeza gacha por culpa de su cabezonería y mala gestión.
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